Por Jennifer Wolff, Ph.D., Centro para la Nueva Economía, 5 de marzo de 2023.
La emigración de médicos de Puerto Rico ha levantado alarmas en algunos sectores que la vinculan a los problemas que enfrentan muchos pacientes con el sistema de salud: especialidades médicas desiertas, meses de espera para citas, días perdidos en los consultorios, e incertidumbre sobre la capacidad del sistema para atender adecuadamente las condiciones de salud cada vez más complejas de la población.
Según oficiales del Departamento de Salud, más de 8,000 médicos han dejado de ejercer la medicina en Puerto Rico en los pasados trece años. Si tomamos por buenos estos números, la isla habría perdido el 46% de sus facultativos médicos en poco más de una década. No sabemos qué proporción de esta pérdida responde a la emigración, las defunciones o las jubilaciones, pero en 2017 el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) aprobó la Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos (Ley 14) para atajar, mediante una tasa de contribución sobre ingresos reducida del 4%, lo que considera es un éxodo migratorio “acelerado y preocupante”. Para 2018, 1953 médicos especialistas se habían acogido al incentivo, cuyo costo al erario en 2021 fue de $ 237.5 millones, según un análisis realizado por Espacios Abiertos.
Este incentivo fiscal, sin embargo, no parece haber sido suficiente para atajar la escasez de profesionales médicos en la isla. Según la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (“la Junta”), Puerto Rico tiene en este momento 72 áreas “médicamente desatendidas”, con escasez de proveedores en áreas tan diversas como medicina primaria, salud mental o medicina especializada. Resulta interesante que la Junta contempla cinco reformas estructurales en su Plan Fiscal 2022 (capital humano y asistencia social, educación, facilidad para hacer negocios, energía, e infraestructura), pero no incluye entre estas al sector de la salud. Sus recomendaciones se concentran en realizar reformas importantes aunque puntuales al programa de Medicaid, tales como aumentar las tasas de reembolsos a los proveedores y ampliar los niveles de elegibilidad para los pacientes. El 60% de la población de Puerto Rico recibe servicios de salud a través de los programas de Medicaid, CHIP, Medicare y Veteranos.
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