Por Neysha Mendoza, Metro, 22 de febrero 2024 a las 03:00 hrs.

De cara a los procesos electorales, se esperan las propuestas de políticas públicas relacionadas a la criminalidad, los feminicidios, la violencia en las comunidades de adultos mayores y la niñez y la educación, entre otros asuntos. Pero uno de los temas que urge y que es transversal a muchos otros es la salud mental en Puerto Rico.

Expertos en el tema recalcaron que es imprescindible discutir durante estos meses el acceso a los servicios de salud mental en Puerto Rico y atender las condiciones sociológicas que atentan contra el bienestar en general.

El psicólogo clínico de la organización sin fines de lucro Taller Salud, Roberto Fernández, aseguró que se debe cuestionar el modelo de prestación de servicios que está centrado en el “lucro de los dueños de las empresas”.

Como en ocasiones anteriores vuelve a surgir el tema de los servicios de APS Healthcare.

“Una de las cosas que yo veo en mi práctica comunitaria es que llegan a mí personas que están en APS, y es porque no consiguen citas. Conseguir cita es un problema, pasan meses cuando las dan y eso implica un problema de acceso. Yo no creo que nuestro sistema le da la misma importancia a los servicios de salud mental (que los tratamientos de salud física)”, argumentó Fernández.

De acuerdo con el experto, el problema es el modelo del sistema en Puerto Rico. “El problema no son los médicos, es el modelo y las aseguradoras que les impone un límite de tiempo y una cantidad de personas que tiene que atender al día. Muchas veces los psicólogos están media hora o 20 minutos, eso no es suficiente para hacer un trabajo terapéutico”, detalló. Según Fernández, esto incide negativamente en el proceso de sanación.

Por su parte, la doctora Silma Quiñonez, miembro del consejo ejecutivo de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, en inglés), apuntó a la importancia de considerar la realidad demográfica de Puerto Rico.

Es por ello, que comentó que se debe prestar más atención a la salud mental de esta comunidad, la cual es activa y que se reintegra en el ámbito laboral, pero que vive un rechazo intenso y maltrato.

De otro lado, el catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Víctor Rivera, recalcó que todo candidato que aspire a un puesto político debe hacer una evaluación del marco actual de la salud mental.

Rivera indicó que dentro de ese análisis se debe evaluar la Ley 408, la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, antes de crear nuevas políticas públicas.

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