Por: Pamela Hernández Cabiya, Sep 12, 2023.

La fuga de enfermeros en la Isla continúa y los reclamos no se han hecho esperar. Los profesionales de la salud destacan que no están en las mejores condiciones para continuar desempeñando su labor en la Isla.

José «Joey» Santiago, enfermero graduado y auditor clínico, habló con NotiCel tras la espera de acción por parte del Departamento de Salud y los legisladores de turno.

«En el 2022 se le entregó en las manos a uno de los asesores del presidente del Senado, José Luis Dalmau, los reclamos de los enfermeros luego de una pequeña manifestación frente al Capitolio. Allí llegó la representante Mariana Nogales y la senadora María De Lourdes Santiago a dar la cara y a recoger los reclamos», contó Santiago.

Las intenciones eran mejorar la ley 136 y 137 existente y amortiguar la fuga de talento.

La ley 136 de 2020 está para enmendar el Artículo 1 de la Ley 28-2005, mediante la cual se establece el salario mínimo a ser devengado por un(a) enfermero(a) en el servicio público, a los fines de añadir nuevas categorías en la práctica de enfermería, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 254-2015, conocida como “Ley para Regular la Práctica de la Enfermería en Puerto Rico”; aumentar el salario mínimo a ser devengado por estos profesionales de la salud; y para otros fines relacionados.

Mientras la Ley 137 expone las mismas reglamentaciones para el sector privado.

El salario básico a ser devengado por un enfermero es $1,750 por enfermero práctico sin experiencia, $2,000 para enfermero práctico con experiencia, $2,250 para enfermero asociado sin experiencia, $2,500 enfermero asociado con experiencia, $2,750 para enfermero generalista sin experiencia y $3,000 para enfermero generalista con experiencia.

Para Santiago, las Leyes tienen ambigüedad.

«Estas leyes no incluyen a los empleados que trabajan por servicios profesionales que es un gran sector. Ahora mismo tanto se habla que el Secretario de Salud, al igual que el Administrador de ASEM y los servicios universitarios, no tienen plazas abiertas ni reclutamientos, solo tienen disponible servicios profesionales brindados por la compañía Cardona y Asociados, una empresa que tiene múltiples contratos con el gobierno como en corrección, psiquiatría estatal y el Hospital Municipal de San Juan. La necesidad existe pero específicamente el Gobierno no quiere abrir plazas porque eso conlleva gastos adicionales de contratación que ahora mismo se están ahorrando con esta compañía», explicó.

Otro de los reclamos propuestos ha sido que se apruebe una medida legislativa para conceder una extensión contributiva del 4%, lo cual ha sido objeto de reclamaciones.

«Este personal por la Ley tienen que darle lo que amerita por hora pero la misma Ley no lo contempla. Así que, estas compañías pueden escoger a discreción el pago que le darán al enfermero no importa si está debajo de lo establecido», indicó.

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