La principal oficial de Epidemiología de Salud, Melissa Marzán, conversó con El Nuevo Día sobre la disponibilidad de fondos de cara al próximo año y los focos de atención del sistema en una etapa distinta de la pandemia. Por David Cordero Mercado, lunes, 15 de mayo de 2023 – 11:40 p.m.
El fin de la declaración de emergencia de COVID-19, que durante la pandemia había facilitado el acceso a fondos especiales a nivel federal, no impactará de forma inmediata el sistema de vigilancia del Departamento de Salud, que incluye once renglones dirigidos al SARS-CoV-2, indicó la principal oficial de Epidemiología de la agencia, Melissa Marzán. En entrevista con El Nuevo Día, la doctora indicó que actualmente el sistema -que incluye la vigilancia e investigación de casos a nivel municipal con alrededor de 450 trabajadores- se subvenciona con fondos del Programa de Capacidad de Epidemiología y Laboratorio para la Prevención y el Control de Enfermedades Infecciosas Emergentes (ELC, en inglés), otorgados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), tienen vigencia hasta julio de 2024.
“Se han planificado las actividades de acuerdo con los fondos asignados y estimando el periodo de vigencia que termina en 2024, así que los trabajos -en términos del impacto inmediato (del fin) de la declaración de emergencia, no lo tiene. Los planes de trabajo son anuales, por año presupuestario de la propuesta, ahora mismo no se ven impactados”, subrayó Marzán.
Los once renglones de vigilancia de COVID-19, que también incluye la vigilancia genómica y la vigilancia en las facilidades de cuidado prolongado de adultos mayores, se subvencionan con fondos del ELC desde enero de 2022. Previo a esa fecha, la vigilancia de COVID-19 se cubría con los fondos CARES, cuyo uso venció en diciembre de 2021, explicó la doctora.
Los fondos del ELC se renuevan cada cinco años, pero la cantidad no es recurrente, reconoció Marzán. Para el bloque actual de cinco años la asignación fue mayor a las cifras ordinarias de años anteriores, alcanzando unos $370 millones, precisamente debido a la emergencia por la pandemia de COVID-19. Otras veces esa cifra ha variado con cifras tan bajas de entre $1.5 millones y $3 millones por año, indicó Marzán.
Además de la disponibilidad de fondos, Marzán sostuvo que al momento de ejecutar cambios en las operaciones también se consideran otros factores, como la demanda de un servicio en particular.
“Es importante reconocer que estamos siempre en evaluación, porque la realidad del caso es que son fondos públicos, así que hay que hacer el uso adecuado de ellos. Si hay actividades que se ven dramáticamente impactadas por la demanda, requiere un proceso de evaluación también. Somos bien conscientes de que el nivel de demanda que tenemos ahora no es el mismo de los pasados dos años”, manifestó en referencia a una baja en la demanda de iniciativas relacionadas al COVID-19.
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