Por Metro Puerto Rico, 01 de noviembre de 2022 a las 17:47 hrs.
La Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Oficina del Comisionado de Seguros fueron los más recientes deponentes ante la Comisión de Salud del Senado, que actualmente evalúa la Resolución Conjunta del Senado 256 que ordenaría al Departamento de Hacienda, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al Comisionado de Seguros y al Departamento de Salud, a realizar un estudio actuarial para indagar la viabilidad de que las aseguradoras le ofrezcan a los hospitales administrados por el Gobierno la mismas tarifas otorgadas a las instalaciones hospitalarias privadas.
“Un señalamiento que han realizado varias veces diversos sectores de la salud consultados es la necesidad de asignación de tarifas justas a ser pagadas por los planes médicos, acorde a los gastos reales de las instituciones y proveedores de salud del Gobierno. Asimismo, han realizado señalamientos sobre la falta de estudios actuariales mediante los cuales se revisen las tarifas que pagan las aseguradoras”, explicó el senador por el Distrito de Arecibo. En su ponencia ASES explicó que en las próximas contrataciones (a partir del 1ero de enero de 2023) se proponen a incrementar en un 5% adicional la tarifa a los hospitales, así como la apertura al proceso de fiscalización de los recursos financieros y la distribución de estos a los proveedores de salud.
“El nuevo contrato que entrará en vigor el 1 de enero de 2023 establece para las aseguradoras contratadas (MCOs, por sus siglas en inglés) bajo Vital, que cuando el MCO negocie las tarifas per diem con cualquier hospital propiedad del gobierno, se asegurará de que dichas tarifas sean comparables a las tarifas per diem negociadas por el MCO con los hospitales privados que proporcionan el mismo o similar nivel de atención y servicios, así mismo, una vez en curso el nuevo contrato del Plan Vital se estará trabajando en la implementación de la metodología de reembolso a los hospitales bajo el Diagnostic Related Group (DRG)”, añadió Vera.
La licenciada Calvente, representante de la Oficina del Comisionado de Seguros explicó que coinciden con el motivo de la Resolución, pero que dicha oficina no tiene el poder de fijar las tarifas que las organizaciones de servicios de salud o aseguradores les pagan a sus proveedores, en este caso a las facilidades adscritas al Gobierno de Puerto Rico.
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