Por Javier Colón Dávila, martes, 25 de enero de 2022 – 6:07 p.m.
Un grupo de entidades médicas y de derechos civiles rechazó este martes todas o algunas de las medidas presentadas recientemente por la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñoz, supuestamente dirigidas a “proteger” en diferente ámbitos a los ciudadanos que no se quieren vacunar contra el COVID-19.
Los proyectos fueron evaluados hoy en una kilométrica vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
Las medidas son el PC 910 para enmendar la Ley de Derechos Civiles con el fin de prohibir el “discrimen” en lugares públicos a personas no vacunadas contra el virus y establecer una multa de $5,000 a violadores de esta disposición; el PC 1110, que prohíbe el que se le nieguen servicios gubernamentales a toda persona que no esté vacunada contra el COVID-19 o que se niegue a presentar una prueba negativa; el PC 1097, que dispone que el Ejecutivo no podrá imponer la vacunación obligatoria en menores de edad y establecer una indemnización mínima de $15,000 a las personas que sufran daños como consecuencia de la inmunización compulsoria en niños y niñas. Por último, el PC 1092, que busca evitar que las personas previamente infectadas con el COVID-19 tengan que inocularse contra el virus. El Colegio de Médicos Cirujanos rechazó las cuatro medidas por entender que atentan contra la salud pública y el bienestar de Puerto Rico.